La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), en junio de 2009, recogió muestras del agua en Condoraque, donde opera la minera Sillustani, y hasta la fecha no hay resultados.
Son 45 familias y 14 comunidades afectadas ante la evidente contaminación en la comunidad campesina que pertenece al distrito de Quilcapunco, provincia de San Antonio de Putina.
Los integrantes de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente presentaron ante la Comisión de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas 2010 la crítica situación por la que viene atravesando la población de esta zona.
OBSERVACIONES
Osinergmin hizo observaciones a la minera Sillustani por realizar actividades no contempladas en su Estudio de Impacto Ambiental, por no tener un Plan de Manejo Ambiental y por no realizar la obturación y sellado de sus taladros.
La sanción sería de 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el procedimiento sancionador se inició el 3 de marzo de 2010 y se espera que en 4 meses se oficialice.
La minera Sillustani S.A. ha incumplido con algunas normas ambientales.
Por su parte, la Fiscalía en materia ambiental ha solicitado una ampliación de 20 días más para las investigaciones, sin embargo Digesa sigue sin responder.
PRUEBAS
Los pobladores de Condoraque se quejan por la contaminación porque el agua color marrón ha matado animales y plantas, y poco a poco los envenena a ellos.
El presidente de la comunidad, Simón Orihuela, recuerda que en el río había truchas, ahora no queda nada. Cuando era niño todo era verde, pastábamos nuestro ganado y pescábamos en la laguna, esos días se acabaron, recuerda con desventura el poblador Moisés Tipula.
RECOMENDACIÓN
La Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente solicita a esta comisión que el Estado peruano institucionalice el proceso de rehabilitación de los 5 551 Pasivos Ambientales Mineros, dotando del presupuesto necesario para el cumplimiento de los Planes de Cierre. Exigen la indemnización por los daños causados a las comunidades campesinas y se cumpla con la protección de la salud de la población.
Se cumpla con el tratado internacional Convenio 169 de la OIT, suscrito para proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, se hará los esfuerzos para la creación de la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente para que los daños no queden impunes.
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