martes, 7 de julio de 2009

SÓLO SE DEBE AMPLIAR PAMA A DOE RUN SI CAPITALIZA SUS DEUDAS, SUBRAYA CONFIEP


El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, enfatizó hoy que sólo se debe ampliar a la minera Doe Run Perú la implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) si capitaliza sus deudas.


Fue al comentar la posibilidad de que el gobierno evalúe ampliar por un plazo menor a tres años la implementación del PAMA en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, tal como lo deslizó el sábado pasado el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Jorge Villasante.
“Doe Run está en incapacidad física, técnica y económica de cumplir con el PAMA el 31 de octubre. Si éste si se prorroga tiene que ser a condición de que el accionista capitalice sus deudas, ponga en garantía sus acciones y ponga fondos en garantía para que se cumpla el plazo del PAMA”, declaró Briceño a Canal N.
Por otro lado, comentó que su gremio ha conversado esta semana con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para reducir los controles de la Ley de Obras por Impuestos.
“Estamos conversando con el MEF para quitarle a la norma un poco de la ‘grasa’ que tiene. La quinta parte de los pasos son imposibles. El MEF ha dicho que va a colaborar”, expresó.
En otro momento, cuestionó la poca capacidad de inversión del gasto público, aunque saludó el desempeño del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de los gobiernos regionales de San Martín y Lambayeque, y de los gobiernos locales.
Destacó la importancia de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y la necesidad de que los gobiernos regionales incorporen a los gerentes públicos formados por esta entidad.
Finalmente, calificó como un error que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento haya creado, mediante un decreto de urgencia, un comité para dirigir el proceso de promoción de la inversión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Taboada.
Asimismo, sobre la solicitud a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad del proceso.
“La Contraloría debió ver primero si no se cumplían con los requisitos. Es una mala señal anular un proceso momentáneamente y sacarlo de ProInversión (Agencia Peruana de Promoción de la Inversión Privada)”, sostuvo.
Sin embargo, consideró que ProInversión necesita contar con más técnicos que le brinden el suficiente tiempo de análisis a las propuestas de inversión privada que le son encargadas.

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